[COMOSOC] ACCION UNITARIA POR EL DERECHO A LA SALUD EN COLOMBIA

Secretario Tecnico COMOSOC comosoc_director en riseup.net
Mie Ene 20 14:56:41 UTC 2010


*COALICION DE MOVIMIENTOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE COLOMBIA -COMOSOC-*

Compañeras y compañeros

Como están enterados, el pasado 23 de diciembre el gobierno nacional 
declaró el Estado de Emergencia Social en Salud, argumentando que la 
grave crisis del sistema de salud se debe al abuso en la demanda, sobre 
todo de procedimientos no cubiertos en el Plan Obligatorio de  Salud, lo 
que ha generado un endeudamiento con las EPS cercano a $900.mil 
millones. Si bien el decreto menciona en alguno de sus apartes la deuda 
con la red pública hospitalaria, que asciende a $3.57 billones, el 
énfasis que se hace es en la necesidad de financiar lo  adeudado a los 
operadores privados. De otra parte, los trabajadores del sector salud 
han conocido de fuentes confiables que a los gobernadores ha sido 
entregado en sobre cerrado, un documento que les instruye en la 
"externalización de los servicios en las empresas sociales del Estado" 
es decir, la privatización de los servicios de salud, por partes. En 
síntesis, si bien la razón social de los hospitales seguirá indicando 
que son públicos, los prestadores de servicios serán privados (en muchos 
casos ya lo son), pero la responsabilidad de las fallas tendrán que se 
asumidas por la razón social.

Por la gravedad de la situación, desde Anthoc, una de las organizaciones 
de COMOSOC, se ha promovido la realización de una *Oración por la 
Salud*,  acción encaminada a exigir al gobierno nacional  la solución 
estructural de la crisis del sector salud, lo cual no se logrará con el 
Estado de Emergencia. Por ello, la Emergencia Social, se debe convertir 
en el punto de partida para la construcción de soluciones de fondo a 
esta problemática que afecta a toda la población, pero especialmente a 
los sectores populares.

COMOSOC, a través de la Secretaría Política, ha asumido plenamente la 
acción,  junto con el Comité Ejecutivo Nacional de la CUT y  los 
compañeros del Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social. 
La vigilia por la salud del pueblo colombiano se desarrolló inicialmente 
en la Catedral Primada de Colombia y en la iglesia del Voto Nacional, 
sitios en donde unas 300 personas de Anthoc, y de organizaciones 
sociales, permanecieron durante varias horas, gestionando la mediación 
del padre Darío Echeverry, párroco del Voto Nacional y Secretario de la 
Comisión Nacional de Conciliación, para que a través de sus buenos 
oficios se lograra un escenario de dialogo directo con el gobierno 
nacional.

En efecto, luego de algunas horas, se concertó una cita con el 
Viceministro de la Salud, Carlos Ignacio Cuervo, en representación del 
Ministro de Protección Social, Diego Palacios. Esa reunión se realizará 
hoy miércoles 20 de enero, a partir de las 8 am, en la iglesia del Voto 
Nacional, para concertar la agenda de dialogo, ya con el Ministro, lo 
cual se espera iniciar antes de la finalización de las facultades 
extraordinarias al Presidente, el viernes 22 de enero.

Mientras se desarrolla el diálogo, la vigilia continuará en el atrio de 
la Catedral Primada, al menos hasta el viernes 22 de enero.

En adjunto enviamos los materiales que sintetizan los diagnósticos,  
demandas y  propuestas que conjuntamente hemos construido. Es muy 
importante difundir ampliamente estos insumos y promover acciones 
encaminadas a visibilizar estas realidades, y la solidaridad con quienes 
estamos asumiendo la defensa de la salud pública, efectiva y oportuna, 
para el pueblo colombiano.

 También es urgente enviar comunicaciones al gobierno colombiano, 
exigiendo que antes de la expedición de nuevos decretos (hoy martes 
expidió otros tres) habilite mecanismos efectivos de diálogo que 
conduzcan a la búsqueda conjunta de soluciones de fondo a la 
problemática estructural de la salud en Colombia. En este mismo sentido, 
ayudará mucho difundir estos materiales entre medios de comunicación, 
embajadas de Colombia, etc.

A continuación algunas direcciones para envío de comunicaciones,  de las 
cuales solicitamos copia a comosoc_director en riseup.net:

ALVARO URIBE VELEZ
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071
auribe en presidencia.gov.co

FABIO VALENCIA COSSIO
Ministro del Interior y de Justicia
Carrera 9a. No. 14-10, Bogotá D.C.
Fax. 2221874
ministro en minjusticia.gov.co


DIEGO PALACIO BETANCOURT
Ministro de Protección Social
Carrera 13 No. 32-76 Bogotá
Tel. (571) 3305000 Ext. 2304
Fax: (571) 3305050
dsalazar en minproteccion.gov.co

WOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ
Defensor del Pueblo
Calle 55 No. 10 -- 32 Bogotá D.C.
Fax. 640 04 91
defensoria en defensoria.org.co
secretaria_privada en hotmail.com

ALEJANDRO ORDOÑEZ M.
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 -- 80F Bogotá D.C.
Teléfono: 571-5878750, ext. 12502
procurador en procuraduria.gov.co
viceprocuraduria en procuraduria.gov.co

Agradecemos la solidaridad, apoyo que a esta iniciativa se logre concretar.

Fraternalmente,  
*Fabio Serna*
Secretario Técnico
COMOSOC
Carrera 15 bis No. 39A-11,
Bogotá D. C. - Colombia, Suramérica
Telefax: +571-285-85-93
Correo electrónico: comosoc_director en riseup.net
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*
1. COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA*

El 23 de diciembre de 2009 el Presidente de la República expidió el 
Decreto 4975 por medio del cual declara el *"Estado de Emergencia Social 
en Salud*", medida constitucional de excepción, que le permite legislar 
"para resolver la crisis del aseguramiento del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud", particularmente la iliquidez de las EPS, 
originada por el incremento de las tutelas que reconoce la atención 
integral en salud y especialmente lo no incluido en el Plan Obligatorio 
de Salud --POS-. La declaratoria del Estado de Emergencia Social no 
tiene en cuenta los problemas de atención que cotidianamente viven los 
usuarios y los hospitales públicos del país.

La crisis del Sistema General de Seguridad Social en Salud, no es nueva 
o sobreviniente o que se presentó de repente; por el contrario, se 
origina desde la expedición de la Ley 100 de 1993, que convirtió la 
salud en mercancía que la población puede adquirir en la medida que 
tenga dinero, razón por la cual hay una salud para pobres y otra para 
ricos, sistema promovido por el entonces Senador y hoy Presidente de la 
República reelecto, ALVARO URIBE VELEZ, y se ha agravado de manera 
recurrente con otras leyes y decretos expedidos durante los últimos 18 años.

Los cerca de 10 billones de pesos de deuda acumulados como producto de 
la fracasada reestructuración de los hospitales públicos y de los 
efectos laborales de los contratos de las personas que estuvieron 
vinculadas por prestación de servicios en los últimos 10 años, no son 
tenidos en cuenta a la hora de determinar la Emergencia Social en Salud; 
por el contrario, se desarrollan acciones tendientes a burlar la 
decisión judicial contenida en la Sentencia C-614 de 2009, en ese marco 
se inscribe el documento titulado *"ORGANIZACIÓN DE PROCESOS PARA LA 
EXTERNALIZACION DE SERVICIOS EN LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO"*, que 
fue entregado en sobre cerrado a los Gobernadores de los Departamentos y 
mediante el cual se remplaza prestación directa de los servicios y la 
relación laboral por contratos de concesión con operadores externos y se 
privatiza la prestación del servicio, menos en las responsabilidades 
contractuales y extracontractuales, que siguen a cargo del hospital.

¿Que representará para los usuarios, los hospitales públicos, las 
entidades territoriales y los trabajadores las medidas expedidas en el 
Estado de Emergencia Social en Salud?


   1.

      *Para la población usuaria de los servicios de salud,* traerá la
      privatización total de la salud, con sus consecuencias en mayores
      costos en los servicios y procedimientos, incluso en los de las
      tutelas, ya que el beneficiario de la tutela tendrá que pagar
      hasta la mitad de lo que ordene el juez. Con la disculpa de
      cumplir lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia
      T-760 de 2008, sobre la unificación del Plan Obligatorio de Salud,
      pretenden excluir servicios y procedimiento a los afiliados en el
      Régimen Contributivo. Además se aumentarán los impuestos a los
      licores, vinos, cervezas, juegos de suerte y azar, recursos que
      terminarán en las arcas de las EPS y demás intermediarios
      financieros.

Como si fuera poco, la implementación y desarrollo de las llamadas zonas 
francas hospitalarias, los pobladores serán despojados y desplazados de 
las entidades públicas que hoy les prestan los servicios de salud y las 
instituciones hospitalarias que las integran estarán destinadas a la 
atención de los ricos y extranjeros, que serán los únicos podrán pagar 
los costosos servicios, tal como ocurrirá con el proyecto de ciudad 
salud en el Distrito Capital de Bogotá con el cual la población perderá 
su patrimonio de salud comprendido en las siguientes instituciones: 
Hospital de la Samaritana, Instituto Nacional de Cancerología, Hospital 
San Juan de Dios, Hospital Materno Infantil, Instituto Dermatológico 
Federico Lleras Acosta, Hospital Santa Clara, Hospital de la 
Misericordia, entre otros.

   2.

      *Las entidades territoriales* (Departamentos, Distritos y
      Municipios), quedarán reducidos a simples mandaderos de las EPS,
      gestionando recursos para llenar los bolsillos de éstas.
      Igualmente, deberán cubrir las deficiencias del sistema que no
      resuelve el aseguramiento a la población pobre no vinculada y los
      servicios no contemplados en el Plan Obligatorio de Salud y para
      agravar su situación, les exigen adecuar la infraestructura
      hospitalaria para que sea explotada por los mercaderes que como
      parásitos llamados operadores externos se lucran de los bienes,
      recursos e instalaciones públicas.

   3.

      *Los hospitales públicos*, continuarán sometidos a los caprichos
      de los intermediarios financieros -EPS- que se lucran con los
      recursos de la salud, que les retienen y les niegan los dineros
      del pago de los servicios, profundizando la crisis financiera, con
      su consecuente deterioro en la capacidad de resolver los problemas
      de salud de la población con calidad y oportunidad, marchitándolos
      o asfixiándolos hasta la muerte, para su posterior entrega al
      sector privado, bien sea mediante la venta, entrega en concesión,
      contratación por procesos u operadores externos.

   4.

      *Para los trabajadores y trabajadoras de la salud y la seguridad
      social*, significa más despidos por vía de la privatización que
      cobra mayor fuerza con la orientación del Gobierno Nacional
      contenida en el documento titulado *"ORGANIZACIÓN DE PROCESOS PARA
      LA EXTERNALIZACION DE SERVICIOS EN LAS EMPRESAS SOCIALES DEL
      ESTADO",* que entrega la operación de los servicios a los
      particulares, entre ellos a las cooperativas de trabajo asociado.
      De esta manera pretenden burlar la sentencia C-614 de 2009,
      mediante la cual la Corte Constitucional ratificó las
      prohibiciones existentes en la ley para que las actividades
      permanentes de las entidades públicas, sean prestadas mediante
      contratos de prestación de servicios con particulares, ya sea a
      nivel individual o colectivo. Adicionalmente, con estas medidas,
      se produce mayor explotación, pues se niegan los derechos
      laborales tales como el salario y las prestaciones y las
      libertades sindicales de asociación, contratación y negociación
      colectiva, ya que a las personas vinculadas a las cooperativas no
      se les permite el ejercicio de éstos derechos fundamentales.

   5.

      En resumen, el Estado de Emergencia Social en Salud, se constituye
      en una gran cortina de humo de carácter coyuntural, frente a los
      profundos problemas que tiene la salud de los colombianos y más
      parece una maniobra electoral, tendiente a mostrar una mascara
      social del Presidente, en procura de su segunda reelección.


*¿QUÉ PROPONEMOS?*

Como trabajadores y trabajadoras de la salud, organizaciones sindicales 
y movimientos sociales comprometidos con la defensa de la salud y la 
seguridad social de la población, entidades y recursos públicos, proponemos:

*PROPUESTA ESTRUCTURAL*

La crisis social de salud no se resuelve con la presente declaratoria de 
Emergencia Social por cuanto no se orienta a problemas estructurales que 
tiene el sistema como son la intermediación, la corrupción, 
monopolización, falta de cobertura, al no eliminar las barreras de 
acceso a usuarios de ambos regímenes (contributivo y subsidiados) y por 
el contrario, crea gastos de bolsillo nuevos en detrimento de la salud 
de las y los colombianos. *La emergencia se debe convertir en el punto 
de partida para darle una solución definitiva a dichos problemas*, en 
procura de:

    *

      Que la salud de los colombianos, tenga carácter de derecho
      fundamental y bien no transable, contrario al carácter de servicio
      público que tiene actualmente en la norma constitucional.

    *

      Que se establezca un nuevo modelo de salud y seguridad social para
      los colombianos con criterios y principios de: universalidad,
      solidaridad, integralidad, calidad, gratuidad, progresividad,
      irreversibilidad y oportunidad, cuya prestación y financiación
      tenga el carácter del bien público, no transable.

*PROPUESTAS DE RESISTENCIA SOCIAL*

   1.

      La implementación de un modelo de aseguramiento público para el
      conjunto de la población a través de las Empresas Sociales del
      Estado -como se denominan ahora los hospitales públicos, para que
      éstas puedan asegurar a la población pobre no vinculada y cubierta
      por el régimen subsidiado. Este aseguramiento integraría las
      entidades públicas sin tener el carácter de intermediario, dando
      al aseguramiento el contenido de bien público no transable y
      actuando como redistribuidor de los recursos en las entidades
      territoriales correspondientes y sin reducir los servicios que hoy
      prestan todos y cada uno de los hospitales del país.

   2.

      Que los recursos originados en el Estado de Emergencia Social en
      Salud, procedan de la nación y no de los usuarios y consumidores,
      y que se tenga como prioridad a las Entidades Territoriales,
      dirigidos a cubrir la inmensa deuda que hay con los hospitales
      públicos y posteriormente a los otros actores del sistema, sin que
      ello implique nuevos impuestos al pueblo colombiano.

   3.

      Devolver a las entidades territoriales su autonomía, competencias
      y recursos, determinadas en la Constitución de 1991, actualmente
      suplantadas por los intermediarios financieros.

   4.

      Devolver a los hospitales públicos su naturaleza, eliminando la
      privatización por servicios, o total, integrando a la planta de
      personal los trabajadores que sean necesarios para garantizar la
      adecuada prestación del servicio a la comunidad, para lo cual
      estamos dispuestos a adelantar las negociaciones y acuerdos que
      conduzcan a que las entidades sean viables y sostenibles
      financieramente, mediante un sistema de flexibilización salarial.


Las organizaciones y movimientos que suscribimos el presente comunicado, 
convocamos a la población a que se vincule activamente a la movilización 
y construcción de propuestas por la defensa de la salud de los colombianos.

*JUNTA DIRECTIVA NACIONAL ANTHOC
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES -CUT-
MOVIMIENTO NACIONAL POR LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL -MNSSS-
COALICIÓN DE MOVIMIENTOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES
DE COLOMBIA -COMOSOC - *

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*
2. MENSAJE A LOS REPRESENTANTES Y JERARCAS DE LA IGLESIA CATÓLICA DE 
COLOMBIA, A LOS CREYENTES Y PUEBLO COLOMBIANO EN GENERAL.*

En Colombia desde 1993, con la llamada ley 100, se ha venido dando un 
proceso gradual de mercantilización del derecho a la salud, lo que la ha 
puesto como objeto de lucro y uno de los negocios más rentables de este 
país; los pacientes por su parte no son considerados ni siquiera como 
clientes por las EPS, sino como mendigos al utilizar los servicios de 
salud a la que tienen derecho, ya sea en el régimen subsidiado o en el 
contributivo. Incluso, obligan a los pacientes a acudir a la acción de 
tutela como mecanismo para hacer efectivo el goce del derecho a la 
salud, pero las EPS terminan cobrando medicamentos y procedimientos que 
cubre el POS.

Desde la administración Pastrana, el gobierno nacional, ha venido en una 
política de tercerización y privatización de los servicios de salud, que 
se traduce para el paciente en mayores costos, negación del servicio, 
entre otras; para los empleados de este sector en despidos masivos, 
negación del derecho a la asociación sindical; para las ESE convertirse 
en verdaderos centros comerciales de prestadores privados de servicios 
que trafican con la salud de los colombianos/as mientras que ellas son 
las que tienen que asumir los costos de los errores médicos que se 
cometan por estos prestadores de servicios en salud.

El 23 de diciembre de 2009, mientras que nos preparábamos, como 
creyentes en el Dios de la Vida en Dignidad, a celebrar el natalicio del 
Salvador del mundo, el presidente Uribe y sus ministros decretaban el 
"Estado de Emergencia Social", figura jurídica que le permite al 
presidente decretar medidas de carácter temporal, para superar una 
emergencia social o una calamidad pública, en un plazo no mayor a 30 
días. Este plazo termina el próximo viernes 22 de enero. El gobierno 
considera que existe una grave emergencia social al estar en peligro el 
aseguramiento de la salud en el país ya que existe una enorme deuda con 
los intermediarios financieros (900.000 millones de pesos), sin embargo 
este gobierno no considera la deuda que tiene con los prestadores de 
salud, entre ellos los hospitales públicos han tenido que asumir 3.5 
billones de pesos que les adeudan las EPS de régimen subsidiado y 
contributivo; de esta manera el mensaje del gobierno es claro, quiere 
salvar la ganancia de los grandes mercaderes de la salud, pero no los 
hospitales y los prestadores de salud.

El gobierno nacional por su parte está preparando una serie de decretos 
de Emergencia Social, para buscar recursos para solventar la deuda con 
los intermediarios de la salud, pero no menciona la deuda de los 
hospitales públicos. La solución para ellos es la tercerización y 
externalización de los servicios de salud. Entonces nos preguntamos: 
¿Esto garantiza el derecho a la salud de los colombianos? ¿La 
declaratoria de un Estado de emergencia es para salvar el capital de 
unos pocos, o para salvar la salud como un derecho y bien público?

Sabemos bien que la iglesia, como transparencia de la acción salvadora 
del Señor Jesús, está presta a escuchar el clamor de su pueblo y 
constituirse en profeta de las naciones; es por ello que acudimos a la 
iglesia como refugio, esperanzados en las palabras del papa Benedicto 
XVI, en su encíclica "Caritas in veritate" que nos pide a los creyentes 
y la iglesia toda, que nos conectemos a la caridad y la verdad en la 
búsqueda de la justicia, el bien común y el auténtico desarrollo humano; 
también anota en la mencionada encíclica, que la riqueza del mundo está 
creciendo en términos absolutos, pero las desigualdades están aumentando 
de manera desproporcionada.

Tenemos la esperanza de encontrar en la Iglesia, y de manera especial en 
la Conferencia Episcopal de Colombia, comprensión y protección al 
derecho a la salud, siguiendo el ejemplo de Jesús, que tanto a galileos 
como a extranjeros les dio salud y vida en abundancia, convirtiéndose 
ello en uno de los mayores signos de que el Reinado de Dios, que es 
justicia y amor, estaba cerca de nosotros y nosotras.
Es por ello que pedimos a la Iglesia que nos ayude a encontrar caminos 
de diálogo con el gobierno nacional para revisar de fondo los problemas 
que aquejan al sector salud en el país, el régimen jurídico, la 
naturaleza de las ESE, determinar conjuntamente los mecanismos que son 
necesarios para la aplicación de la sentencia C-614 de 2009, así como 
discutir una propuesta de superación del déficit fiscal en donde se 
priorice las entidades prestadoras del servicio, sin que ello implique 
nuevos impuestos al pueblo colombiano.

Pedimos a todos ustedes que comprendan nuestra acción no como un 
irrespeto al templo del Señor, sino como una súplica al Dios de la Vida 
en dignidad y su pueblo fiel, a que defendamos el derecho a la salud y 
que lo hagamos desde el santuario mismo de la vida, desde la casa común 
de los que amamos, defendemos y celebramos la Vida en abundancia para 
todos y todas.

De ante mano mil gracias a los religiosos/as, sacerdotes, obispos, 
creyentes y pueblo todo por el apoyo y comprensión a nuestra Justa causa.
Bogotá, 19 de enero de 2010.

*JUNTA DIRECTIVA NACIONAL ANTHOC*
*CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES -- CUT*
*MOVIMIENTO NACIONAL POR LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL -MNSS-*
*COALICIÓN DE MOVIMIENTOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE COLOMBIA -COMOSOC-*
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