[COMOSOC] Colombia no es Porto Alegre

COMOSOC Secretario Técnico comosoc_director en riseup.net
Dom Sep 26 18:16:39 UTC 2010


COMOSOC: COALICION DE MOVIMIENTOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE COLOMBIA
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Compañeras y compañeros,

Un saludo de fraternidad, solidaridad y llamado a la articulación y 
unidad popular, les presentamos desde COMOSOC.

Por considerarlo un material que aporta elementos valiosos de análisis 
sobre lo acontece actualmente en Colombia, reenviamos el siguiente texto 
elaborado por dos personas conocedoras de las realidad colombiana y 
comprometidas con los procesos de transformación de la misma, a partir 
de la entrevista del diario El Espectador, al portugues Boaventura de 
Soussa Santos, la cual en su momento difundimos (septiembre 9), pues es 
necesario conocerla, para ampliar la comprensión  sobre la realidad

El texto, confronta las aseveraciones de Boaventura de Soussa, y en ese 
sentido es un aporte valioso al debate crítico sobre la realidad 
colombiana y latinoamericana y también sobre las versiones que sobre la 
realidad,  sistemáticamente elabora el establecimiento, y a través de 
sofisticadas herramientas propagandísticas -como los MMC- las van 
convirtiendo en verdades oficiales, legítimas.

Atentamente,

COMOSOC
Carrera 25 No. 27A -- 37, Bogotá D. C. - Colombia, Suramérica
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Colombia no es Porto Alegre
 

*José Antonio Gutiérrez D.*

*Renán Vega Cantor*

 

A comienzos de septiembre, estuvo de gira por Colombia Boaventura de 
Sousa Santos, ideólogo socialdemócrata, que posa de fundador del Foro 
Social Mundial. Como si fuera la re-encarnación de la Madre Teresa, El 
Espectador, aparte de dedicarle unas cuantas alabanzas, aprovechó la 
ocasión de entrevistarlo. Hay que destacar que el objeto de la 
entrevista, desde el mismo título con la cual fue publicado ("Las Farc 
son un 
anacronismo"http://www.elespectador.com/impreso/internacional/articuloimpreso-223151-farc-son-un-anacronismo 
) no fue un debate en torno a las ideas de Sousa Santos, sino que la 
idea era utilizarlo como "tonto útil" para dar respaldo, desde la 
"izquierda racional", al proyecto de Santos y, de paso, para atacar a la 
"izquierda irracional", es decir, a toda aquella que, con armas o sin 
ellas, aún busca la transformación radical de una sociedad que día tras 
días se vuelve más injusta y opresiva. Su visita, puede ser inscrita en 
el marco de legitimar, desde un discurso ideológico "progre", al 
visceral oportunismo de quienes, desde la supuesta izquierda, se meterán 
en la ancha cama de la "unidad nacional".

 

Creemos que muchas de las opiniones vertidas en ella merecen una 
réplica, quizás no tanto por el valor de la entrevista en sí misma, la 
cual es pobre y en realidad no agrega nada diferente a lo que la 
socialdemocracia viene diciendo hace un siglo, fiel a su rol de aparato 
ideológico de la burguesía para el encuadramiento de la clase 
trabajadora. Estas opiniones merecen réplica porque fueron recogidas por 
organizaciones populares que buscan, al parecer, la transformación 
radical de la sociedad y no un mero acomodo al /status quo/.

 

*La naturaleza del Estado colombiano*

 

Vivimos un momento en el cual el sistema neoliberal en armas, fundado 
por esa mescolanza de traquetos, paracos, especuladores y 
terratenientes, busca estabilizarse tras la arremetida uribista y saca a 
relucir su cara "respetable" en la figura de Santos. Este quizás no diga 
en público "le parto la cara marica", pero sus métodos no son diferentes 
a las del traqueto paisa, como pudimos comprobarlo en su paso por el 
Ministerio de Defensa, cuando alrededor de tres mil jóvenes fueron 
secuestrados y asesinados a sangre fría por ese afán de mostrar 
"resultados" en la lucha contrainsurgente. Uno de los aspectos 
fundamentales de la pretendida estabilización santista apunta a que 
Colombia abandone su estátus de paria en la comunidad de naciones 
latinoamericanas y que se destraben los acuerdos comerciales que, sea 
con EEUU, Canadá o la UE, se han visto empantanados por las denuncias de 
organizaciones de derechos humanos.

 

En ese contexto, debemos entender los intentos de Santos, que es un mero 
continuador de una política neoliberal que ha recurrido sistemáticamente 
al terrorismo de Estado, por establecer una política de "unidad 
nacional" --cuando luego de un cuarto de siglo de terror generalizado, 
las organizaciones sociales han sido prácticamente exterminadas, sus 
mejores dirigentes asesinados o exiliados, los proyectos de izquierda 
han sido doblegados por el terror y no existe ya la amenaza inminente a 
los intereses de la oligarquía dorada que representa su gobierno.

 

Para la estrategia de estabilización de los "logros" del neoliberalismo 
en armas es fundamental la cooptación de la dirigencia de organizaciones 
sociales, cada vez más burocratizadas, oenegizadas y aisladas de sus 
bases sociales. Creemos que será un objetivo primordial de este gobierno 
la cooptación de dos sectores emblemáticos en la denuncia de las 
abominaciones del régimen fascistizado que se ha impuesto en Colombia 
--los indígenas y los sindicalistas. La gira de la CGT a la OIT para 
pedir que se excluya a Colombia de la lista de los países que violan 
sistemáticamente los derechos humanos, aún cuando en ese país se 
acribilló durante el 2009 a más del 60% de los sindicalistas que fueron 
asesinados en todo el mundo, es una prueba de ello. También es una buena 
prueba el significado de la inauguración de Santos ni más ni menos que 
con una ceremonia indígena en la Sierra Nevada de Santa Marta, lugar 
pletórico de simbolismo: primero que nada, porque es el lugar donde se 
consolidó tempranamente ese modelo de capitalismo mafioso, que combina a 
narcos, terratenientes y paracos. Y segundo, porque es el lugar donde se 
logró de manera más exitosa combinar la paz de los cementerios con la 
postración de la dirigencia indígena cooptada a punta de prebendas y 
amenazas. Huelga aclarar que el silencio de la Organización Nacional 
Indígena de Colombia (ONIC) ante esta pantomima habla por sí solo 
(particularmente si se le compara con su estridencia ante la ingerencia 
de otros "actores" en las comunidades).

 

En esencia lo que busca el santismo es la completa legitimación del 
capitalismo traqueto a la colombiana, completando el proceso iniciado 
por Uribe, en el que se legalizaron los negocios antes considerados 
ilegales y se presentó en sociedad, por así decirlo, a narcos, traquetos 
y paramilitares como "hombres de bien" y salvadores del capitalismo 
colombiano, porque enfrentaron a la insurgencia y masacraron a miles de 
colombianos humildes, en campos y ciudades, como forma de quitarle "agua 
al pez", como reza la consabida máxima contrainsurgente made in USA y 
llevada a extremos de sadismo por la oligarquía colombiana. En esta 
búsqueda de legitimación y olvido absoluto de los crímenes de lesa 
humanidad cometidos por las clases dominantes y el Estado en Colombia, 
la cooptación de sindicalistas y sectores indígenas resulta de vital 
importancia para el régimen santista.

 

Todos estos aspectos han sido vitales a la hora de preparar el presente 
documento. No nos interesa la polémica estéril, sino hacer un poco de 
claridad en momentos en que importantes sectores sociales, arrastrados 
sin lugar a dudas por los propios errores políticos de la izquierda, se 
encuentran mareados con este nuevo espejismo de "unidad nacional", 
olvidándose que en Colombia no existe un Estado de derecho, ni siquiera 
en el sentido más limitado del liberalismo clásico.

 

*De Sousa Santos y el Estado colombiano*

 

Las opiniones expresadas por Sousa Santos en la entrevista dejan 
entrever o el desconocimiento de la realidad colombiana o una pobreza 
analítica impresionante, que sorprende en alguien que se pavonea de sus 
estudios en Universidades de abolengo en Portugal, los Estados Unidos e 
Inglaterra. Ante el panorama de las últimas dos décadas, aparte de 
repetir la perogrullada de que la violencia ha empeorado en Colombia 
(algo que cualquiera sabe con tan sólo salir a la esquina), señala:

/ /

/"Lo más notable ha sido la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 
que se transformó en un ejemplo para otras cortes constitucionales de 
Latinoamérica y que de alguna manera ha sido un agente activo de la 
reforma del Estado, como le hemos visto en varios fallos decisivos."/


No entendemos en qué momento la Corte Constitucional se ha convertido en 
un agente activo de la reforma del Estado colombiano (dicho sea de paso, 
la entrevista está repleta de afirmaciones sin sustento como esta). 
¿Cuál reforma? ¿Fue reforma votar contra la re-re-elección de un 
presidente ya re-elegido mediante el fraude y la compra de 
parlamentarios, cuya nueva re-elección no era solamente a todas luces 
inconstitucional sino que además la tramitación de ésta estaba viciada 
desde sus mismos orígenes? ¿Fue reforma votar la inconstitucionalidad de 
las bases militares, cuando este trámite tampoco había respetado las 
normativas básicas existentes en la Constitución? No nos queda claro 
dónde está el rol reformador activo que de Sousa Santos atribuye a la 
Corte Constitucional. Mas bien, resulta típico de la socialdemocracia 
confundir lo formal con las cuestiones de fondo, cuando precisamente la 
no aprobación del acuerdo de las bases militares no se hizo por aspectos 
sustanciales (atinentes, por ejemplo, al abandono de la idea de 
soberanía nacional) sino por simples aspectos de procedimiento.

 

Aún cuando estos fallos hayan podido representar un revés en contra de 
los anhelos de Uribe, en ningún momento representan una reforma contra 
el proyecto social de fondo que sustentan Uribe y Santos. Mucho menos, 
analiza las contradicciones inter-burguesas y entre los aparatos del 
Estado, que han llevado a que se tomen esta clase de decisiones. Es más, 
estas contradicciones entre los aparatos del Estado lumpenburgués, se 
extrapolan hasta convertirse, sin ningún asidero, en prueba de la 
independencia de esta Corte, onlvidándose que la misma avaló en primera 
instancia la ilegítima re-elección de Uribe y aplaudió en más de una 
ocasión sus trampas. Con tales antecedentes, resulta hasta cómico pensar 
que tal Corte sea un ejemplo para otras Cortes Constitucionales en 
América Latina...

 

Para finalizar esta idea, Sousa Santos plantea que el cambio que 
necesita hacer Colombia, después de dos décadas de empeoramiento 
sostenido de todos los índices sociales, es contar con: "/una justicia 
ordinaria más eficaz, eficiente, rápida, accesible al pueblo, 
independiente, sensible al carácter intercultural de Colombia/".

 

Nuevamente, tenemos la confusión de forma y fondo, de causa y efecto. La 
justicia existente en Colombia refleja, sencillamente, las hipertrofias 
de la estructura social colombiana: de hecho, el caso del estudiante 
Nicolás Castro, arrestado con celeridad por haber hecho una amenaza en 
facebook, de manera absolutamente inocua, en contra de uno de los hijos 
de Uribe, demuestra que la justicia colombiana sí funciona cuando 
quiere. Porque contrasta la eficacia de la Dijín en este caso, con la 
rampante impunidad existente ante los asesinatos de gente humilde, de 
militantes sociales y de izquierda, ante la mal llamada limpieza social 
y ante las múltiples amenazas proferidas en contra de los personajes 
públicos de oposición. 

 

La inoperancia de la justicia colombiana no debe buscarse en el plano 
netamente jurídico, sino en otras causas. Pero, obviamente, la 
comprensión de la naturaleza del Estado o de la lucha de clases, son 
categorías vedadas para la socialdemocracia. Entonces, lo que nos queda 
es reforzar la ilusión de un Estado al márgen de las contradicciones de 
clase, al margen de los intereses de grupo, más allá de guerrillas y 
paramilitares, más allá de los "violentos", más allá del bien y el mal. 
Precisamente este es el mismo discurso que levanta el uribismo-santismo, 
que contrasta con el hecho de que los dos últimos gobiernos están 
profundamente arraigados en la cruda realidad de la violencia 
paramilitar, que no alcanzaba tal nivel desde los tiempos del laureanismo.

 

*De Sousa Santos y Santos*

* *

Es esta miopía política la que está tras las falsas ilusiones de la 
socialdemocracia internacional cuando examinan el cambio de gobierno a 
la colombiana. Así, para esta gente, el que se quite del gobierno a un 
personaje con un estilo neanderthal como Uribe, y se ascienda a un 
gomelo clásico de esos estirados, estilo Santos, representa un cambio 
político "fundamental"... aún cuando las fuerzas sociales y políticas 
que los sustenten (para no mencionar el programa de gobierno) sean, en 
lo fundamental, idénticos. Santos, entonces, se convierte en expresión 
de una derecha "inteligente", que sería un complemento de la 
"inteligencia superior" de Uribe. ¡Cómo si el problema social de 
Colombia se redujera a la inteligencia o no de sus presidentes!

 

La caracterización que de Sousa Santos hace del gobierno de su tocayo, 
Juan Manuel Santos, es asombrosa:

/ /

/"Llevo años acompañando a Colombia y veo cosas que no esperaba. Hay 
algunas propuestas de justicia social estructural, sobre todo en 
términos de la cuestión de la tierra, el agua, los desplazados, las 
regalías y las indemnizaciones a las víctimas, que me parecen nuevas. 
Hay un intento de reconciliación nacional que está tratando de abrirse a 
otras formas políticas para evitar la agresividad del uribismo. El nuevo 
presidente ---rápidamente ha aprendido con Barack Obama--- ha dado 
señales que quizá los partidos políticos de oposición no están 
entendiendo"./

 

Acá hay mucho para decir, pues resulta obvio que, o no estamos 
analizando el mismo país, o que las categorías que estamos utilizando 
son conceptualmente antagónicas. Pero es necesario ir por partes:

 

*a. ¿Justicia social estructural?*

 

¿Dónde están las propuestas de justicia social estructural del gobierno 
de Santos? ¿Por fortuna ha hablado Santos de una nueva redistribución 
del ingreso nacional? ¿De una reforma profunda para extender los 
servicios públicos y, de paso, de aumentar el gasto en ellos?  ¿Ha 
mencionado, siquiera, una necesaria y eternamente postergada reforma 
agraria?

 

Si por justicia social */estructural,/* el Sr. de Sousa Santos se 
refiere a la propuesta de devolver una determinada cantidad de tierra a 
los desplazados en un cierto lapso de tiempo (que no es más que una 
promesa que comenzó mal, con el asesinato de un dirigente campesino en 
el Urabá por reclamar que se hiciera realidad), estamos entendiendo 
cosas muy diferentes al hablar de la tal justicia social estructural. 
Acá estamos ante una medida de reparación elemental, que tampoco está 
claro hasta donde puede llegar, y que no soluciona el problema histórico 
de la tierra en Colombia (hoy en día, el 0,4% de los propietarios 
concentran más del 60% de la tierra; y si vemos con aún mayor detalle, 
3.000 terratenientes controlan el 53% de la tierra; por el contrario, 
46% de los propietarios pobres deben contentarse con apenas un 3,2% de 
la tierra --según cifras del DANE).

 

Obviamente, ya no se habla de reforma agraria, y la sola mención de este 
término es prueba indudable, para el bloque en el poder, de intenciones 
"terroristas". La antirreforma agraria impulsada por la oligarquía y el 
paramilitarismo, que se encuentra en los orígenes mismos del conflicto 
social y armado colombiano en la década de 1940, pero acrecentado desde 
el surgimiento del paramilitarismo moderno a mediados de la década de 
1980, ha modificado definitivamente el panorama rural en beneficio de 
dos grandes actores: la agroindustria exportadora y los gamonales. La 
restitución de tierras a ciertos desplazados, en medio de un clima de 
amenazas y violencia, no revierte este proceso, el cual se refuerza con 
la política agraria global del gobierno de Santos que privilegia, como 
es fácil de prever, la agroindustria exportadora y la concentración de 
tierras.

 

(Para más detalles sobre la política agraria de Santos, puede 
consultarse 
http://www.redcolombia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1075&Itemid=99 
<http://www.redcolombia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1075&Itemid=99> 
).

 

Sobre el tema del agua, basta recordar que existe una propuesta para 
convertir el derecho al agua en un derecho constitucional, que debería 
haberse llevado a referéndum hace dos años. Esta propuesta fue hundida 
mediante trampas inconstitucionales por el gobierno de Uribe, del cual, 
no está de más recordar, Santos era brazo derecho, porque ni tenían 
interés en revertir la privatización del servicio de agua potable, ni 
tampoco en desviar la atención del referéndum re-eleccionista, que era 
lo único que les importaba. Sería muy sencillo tramitar nuevamente esa 
propuesta, que cuenta con las firmas requeridas y cumple con todos los 
requisitos formales de tipo legal. ¿Por qué Santos no lo hace?

 

De víctimas, mejor ni hablar, porque aparte de las promesas de devolver 
cierta cantidad de tierra a algunos campesinos, el régimen santista no 
se ha pronunciado a fondo sobre el asunto.  

 

*b. ¿Cuál es el intento de reconciliación nacional?*

 

Lo que hay es un intento de formar un bloque de "unidad nacional", que 
no es la reedición del frente nacional, sino de una especie de 
unipartidismo amorfo, de mil cabezas, para generar apariencias 
democráticas, en torno al cual se busca consenso social para legitimar 
las políticas implementadas a sangre y fuego durante décadas. Es una 
fase de consolidación del régimen paramilitar, no su superación. Con más 
de dos millones de informantes, 450.000 uniformados y alrededor de 
20.000 paramilitares en armas, es innecesario para el sistema mostrar 
"agresividad verbal". Su agresividad se expresa en los hechos, no en la 
bravuconería propia de un terrateniente como Uribe. Cambia la forma, 
pero no la esencia paramilitar.

 

Este mensaje conciliador, según de Sousa Santos, no lo están entendiendo 
"ciertos partidos de oposición" (en realidad sólo hay un partido de 
oposición, el Polo Democrático Alternativo, que reúne a los 
sobrevivientes de casi todos los partidos de izquierda legales que han 
existido en Colombia recientemente). Acá se aprecia claramente que la 
intencionalidad de esta visita (y de la propaganda que recibió a su 
favor en periódicos como El Espectador, el cual, aunque ha expresado 
ciertas reservas ante los "excesos" del uribismo, y permite escribir a 
ciertos columnistas de izquierda, es, en su línea editorial y en el 
trato de la información noticiosa, un medio abiertamente favorable al 
régimen), no es otra que la de reforzar la línea de Gustavo Petro y de 
Lucho Garzón, que serán unas de las vías de legitimidad para este 
consenso en torno a un régimen mafioso y criminal. La cooptación y el 
oportunismo más venal reciben así un barniz ideológico "progre" desde el 
cual darse respetabilidad.

 

Si de Sousa Santos fue capaz de llorar de emoción con el triunfo de 
Obama, como reconoce él mismo en la entrevista, ¿por qué extrañarse que 
también se haga ilusiones con Santos? Es propio de la socialdemocracia, 
ante su incapacidad de perfilar una alternativa popular, esperar que la 
burguesía le haga las tareas. Pero no creemos que de Sousa Santos sea 
tan ingenuo como para hacerse falsas ilusiones. Lo suyo es peor, es una 
política de colaboracionismo clásico.

 

*¿Es el Estado colombiano una mansa paloma en medio del conflicto? *

 

De Sousa Santos no puede, por supuesto, pasar por alto el conflicto 
colombiano, pero su trato es superficial, equívoco y con un prisma de 
derecha. Al referirse a la política del gobierno de Santos, dice:

 

/"Es una oportunidad de crear un marco de conciliación lejos de la 
fórmula de eliminar a los anacronismos violentos de los paramilitares y 
las guerrillas de una manera directa y represiva, sino a través de 
transformaciones sociales, de la distribución de las regalías, donde 
puedes ir minando las fuentes de renta de estos grupos. Es muy 
inteligente y quizá sea posible."/

 

Cuando de Sousa Santos menciona que el gobierno está tratando de 
eliminar los "anacronismos violentos de paramilitares y guerrillas", da 
cuenta de cómo la socialdemocracia se da la mano con Uribe y con sus 
ideólogos, como José Obdulio Gaviria, en un punto fundamental: en 
mostrar al Estado colombiano como un agente neutral del conflicto, como 
la encarnación del interés general, más allá del bien y del mal, por 
encima de los "violentos". Esto es un punto que no es secundario, porque 
el Estado no es solamente un sencillo agente más de la violencia en 
Colombia, sino que es el actor fundamental del conflicto, porque su 
violencia "ilegitima", en cuanto respuesta privilegiada e histórica a 
los anhelos populares de reforma social, está en los gérmenes del 
conflicto colombiano y porque, además, el paramilitarismo ha sido uno de 
los tentáculos del Estado. No creemos que a estas alturas sea necesario 
insistir en un hecho comprobado hasta la sociedad: los crímenes del 
paramilitarismo son crímenes de Estado. El Estado colombiano es un 
*/Estado terrorista./* Ignorar esta realidad, equivale a ignorar la 
historia colombiana de los últimos 60 años, o es un acto de mala fe que 
busca deliberadamente confundir a la opinión pública, para limpiar la 
imagen de un sistema estructuralmente criminal.

 

Además, después de los últimos acontecimientos de bombardeos criminales 
e indiscriminados, que han masacrado a lideres de la insurgencia, en una 
forma por demás cobarde y con la sevicia típica de los chacales de la 
muerte de la oligarquía colombiana, resulta de un cinismo aterrador 
decir, como lo afirma de Sousa Santos, que el gobierno de Juan Manuel no 
está usando métodos "directos y represivos". Los hechos muy rápidamente 
se han encargado de enterrar estas vanas ilusiones de ciertos 
intelectuales despistados o mal informados, que vienen de tiempo en 
tiempo a tratar de convencernos, desde sus torres de marfil en hoteles 
de cinco estrellas, que la oligarquía colombiana se comporta de manera 
ejemplar y que hace su guerra de manera muy "humanista".

 

Llama la atención que la postura socialdemócrata del académico de Sousa 
Santos coincida con la de ideólogos de la extrema derecha, como Eduardo 
Pizarro y de la mayor parte de los miembros de las comisiones oficiales 
de Justicia y Paz, que sostienen, sin vergüenza alguna, que Colombia es 
una "democracia" asediada por los violentos, o peor aún, que la 
violencia colombiana se ha producido por la debilidad o la ausencia del 
Estado. Como si la existencia del paramilitarismo en vastas regiones del 
país no fuera, efectivamente, un acto que evidencia la presencia del Estado.

 

Sobre la estrategia de guerra, el gobierno de Santos no ha variado en 
absoluto con respecto al de Uribe. De hecho, Uribe jamás renunció a la 
posibilidad del diálogo, solamente que lo limitó a la rendición de la 
insurgencia. Santos hace exactamente lo mismo. Pedir condiciones 
imposibles, como finalizar con las acciones "terroristas" (es decir, 
cesar los actos de guerra mientras el Estado arremete con bombardeos 
indiscriminados), es una condición que convierte a la retórica del 
diálogo en una mera utopía. Santos ha sido claro en su mensaje a las 
fuerzas armadas: "arreciar, arreciar, arreciar". Más aún, ha manifestado 
que profundizará la "seguridad democrática", es decir, la estrategia 
política diseñada en torno al Plan Colombia. La división forzosa que 
hace de Sousa Santos entre represión física o violencia directa, y lo 
que llama "/ir minando las fuentes de renta de estos grupos/" (ie, 
guerrilleros y paramilitares), es una muestra más de la ignorancia 
absoluta que tiene ante la política de guerra del Estado colombiano de 
las últimas décadas. Por lo demás, esta división artificial reproduce de 
manera burda la versión derechista del Banco Mundial sobre los 
conflictos armados en el mundo actual, desvinculados de cualquier 
motivación política, social e ideológica, para ser convertidos en 
guerras que sólo se hacen por el manejo de alguna renta económica.  

 

Toda estrategia de guerra, particularmente si se trata de un conflicto 
interno, requiere del manejo de dos elementos: garrote y zanahoria. 
Siempre la estrategia militar del uribismo, así como de los gobernantes 
que lo precedieron, estuvo acompañada de estrategias sociales 
complementarias del aspecto bélico. Lo que en Irak o Afgansitán llaman 
ganarse los corazones del pueblo, acá se conoce como "programas de 
consolidación". La guerra económica ha sido también una parte 
fundamental de la guerra en contra de la insurgencia, y de ahí viene el 
interés de un Estado profundamente implicado en el narcotráfico, en 
erradicar "ciertos" cultivos de coca (curiosamente, en las zonas donde 
la insurgencia cobra gramaje).

 

Por último, una observación sobre la naturaleza de la violencia 
política, la cual, para de Sousa Santos es "anacrónica". La violencia 
política está de "moda" en el mundo: basta con observar la exacerbación 
de toda clase de conflictos en Oriente Medio gracias a la profundización 
de la estrategia imperialista de los Estados Unidos para darse cuenta de 
ello --pero claro, no esperamos que un intelectual tan "sesudo" como de 
Sousa Santos se ocupe de las noticias matutinas. Lo que si es anacrónico 
es que en Colombia todavía se combata por una reforma agraria y que, 
medio siglo después, la oligarquía no tenga voluntad política para 
abordar honestamente el tema. El problema no es, y nunca ha sido, si la 
guerrilla deja o no las armas. El problema fundamental es cuando la 
oligarquía va a abandonar la guerra sucia y cuando se dispondrá a 
aceptar reformas elementales (como la repartición democrática de la 
tierra) que, en casi todo el resto del continente, se han ido 
implementado durante el último medio siglo; reformas, hay que insistir, 
que no fueron gratuitas sino que se conquistaron con lucha, y en muchos 
casos, con violencia política.

 

*La naturaleza de la lumpenburguesía colombiana y latinoamericana*

 

Pero de Sousa Santos no solamente "desconoce" la realidad colombiana (o 
mejor dicho, pretende desconocerla). Además, "desconoce" la realidad 
latinoamericana y la experiencia histórica del pueblo latinoamericano y 
eso lo lleva a sostener ingenua o cándidamente, la posibilidad de una 
transición armoniosa al socialismo, sin conflicto. Ante la pregunta, de 
si acaso/ //le preocupa que el proceso de reformas genere// //reacciones 
violentas, como sucedió en  Chile, responde, sencillamente: //"No hay 
muchas condiciones para esto. Usted puede tener razón a la luz de la 
historia. Pero la historia no se repite. Además, todos estos cambios son 
promovidos dentro de un marco democrático y de negociación"./

 

Lo primero que llama la atención, es que tácitamente, al plantear la 
experiencia de Allende en oposición a los procesos de reformas actuales, 
está afirmando que el caso de la Unidad Popular no ocurrió ni en un 
marco democrático ni en un marco de negociaciones. Esto no solamente es 
desconocimiento histórico (particularmente grave, dado que como 
socialdemócrata debería conocer al dedillo esa experiencia que sienta la 
base de los procesos de las reforma actuales) sino que es de mala fe, 
porque le hace el juego a los gorilas y al corillo de los 
neoconservadores que aún hoy siguen diciendo que Allende era un 
"dictador populista".

 

Lo segundo es el fetichismo legalista, propio de quien desconoce la 
naturaleza de la lumpenburguesía latinoamericana (de la cual la 
colombiana es tan sólo su versión más extrema), que históricamente ha 
demostrado que no cederá de ninguna manera a las buenas, y que intentará 
por todos los medios mantener intactos sus privilegios. Una política que 
ignore esto no tiene la menor posibilidad de enfrentar con éxito las 
transformaciones sociales que se requieren. Es necesario despejar las 
ilusiones reformistas y leguleyas y hablar un lenguaje claro y directo: 
sin movilización popular, y sin confrontar directamente al bloque en el 
poder, no daremos un solo paso adelante.

 

Esto de Sousa Santos lo sabe, pero opta por sembrar ilusiones. De hecho, 
su inconsistencia se evidencia cuando sostiene: "/Lo que estamos 
pensando es que va a haber una reacción antidemocrática del capital 
global, ansioso por controlar los recursos naturales. Reacción que puede 
ser violenta./"  ¿Y qué es lo que propone? Confiar en la buena fe de 
esos mismos actores que él describe como antidemocráticos y que pueden 
llegar a ser violentos.

 

Sembrar hoy falsas ilusiones ante la profundización de las agresiones 
imperialistas es un acto francamente irresponsable. No preparar a la 
gente, ni siquiera en el plano ideológico, para movilizarse en defensa 
de sus derechos y de lo poco que se ha conquistado en más de una década 
de luchas (desde que reactivaron sus protestas los indígenas, cocaleros 
y las comunidades más marginalizadas de nuestro continente) es una 
acción desmovilizadora. Pero la socialdemocracia, como siempre, se 
entera tarde de lo que está sucediendo en el escenario político y por 
eso siempre asume el rol de administrar la crisis. Hoy no es el momento 
de conciliar, sino de profundizar la contradicción entre el ínfimo 
bloque en el poder y las masas populares que, como cada vez está más 
claro, ya no tienen nada que perder. Es el momento de reforzar la 
resistencia y la lucha de los pueblos por sus derechos, no de frenarla. 
Y son ellos quienes tendrán la última palabra, no los intelectuales 
socialdemócratas convertidos en apologistas de última hora de regímenes 
criminales como los de Barak Obama en Estados Unidos y Juan Manuel 
Santos en Colombia.




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