[COMOSOC] COLOMBIA: ¿Peligra el Estado social de derecho?

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Lun Mayo 2 12:11:14 UTC 2011


Octava Papeleta: ¡Voz y Voto por tus Derechos!
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El artículo que reenviamos a continuación, hace referencia a uno de las
más lesivas iniciativas legislativas, que de ser aprobada como la están
planteando el gobierno y los sectores políticos que la respaldan, en la
práctica haremos tránsito del Estado Social de Derecho, al estado de la
sostenibilidad fiscal, en el que las más importantes conquistas en materia
de derechos, seguirán existiendo en el papel, pero serán apenas un saludo
a la bandera.

El articulista tiene razón al afirmar que el proyecto ha sido poco
discutido, lo cual es consecuencia de que es poco o nada conocido por el
pueblo colombiano, principal afectado en caso de ser creado el "derecho" a
la sostenibilidad fiscal. Es urgente conocer a fondo el acto legislativo
016 de 2010 y pronunciarse en favor de la vigencia real de los derechos
fundamentales como la educación, la salud, la vivienda digna, la
alimentación y el trabajo.
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¿Peligra el Estado social de derecho?
CONGRESO Un proyecto poco discutido y a punto de aprobarse, la
"sostenibilidad fiscal", divide a la coalición de gobierno, molesta a la
Corte Constitucional, y amenaza la esencia de la Constitución del 91.

Con un título técnico que informa poco y confunde mucho, la Cámara acaba
de aprobar, en sexto debate, un proyecto de reforma constitucional que
amenaza la unidad de la coalición de partidos que apoya al gobierno
Santos. Establecería -si se aprueba en las dos vueltas que le restan en el
Senado- la "sostenibilidad fiscal" como derecho de todos los colombianos.
Es decir, que no puede haber decisiones tomadas por cualquier organismo
del Estado que afecten el equilibrio de las finanzas públicas.

Pero detrás de un principio sano, como es evitar que el Estado se vea
obligado a hacer gastos para los cuales no tiene dinero, se esconde un
debate de fondo que para los opositores del proyecto significa quebrarle
la columna vertebral a la Constitución. La razón es que se pondría en tela
de juicio la operatividad de la carta de derechos introducida por la
Asamblea Nacional Constituyente en 1991, que, gracias a la tutela, les
permite a los ciudadanos hacer valer derechos sociales sin que sea
necesaria una ley o una decisión del gobierno. La obligación de que su
cumplimiento no afecte la sostenibilidad fiscal impondría límites,
agregaría instancias y disminuiría las acciones judiciales dirigidas a
garantizar esos derechos.

En la otra esquina, los promotores de la iniciativa consideran que no es
viable plantear gastos que no tienen una base fiscal sólida. Decisiones de
la Corte Constitucional, como la que obligó al Estado a atender a los
desplazados, u otras en materia de salud que le dan carácter general a
tutelas individuales, desde hace tiempo han encendido las alarmas sobre el
desborde que puede ocasionar a las finanzas públicas. Con el objeto de
cerrar el dique, el ministro de Hacienda del gobierno Uribe, Óscar Iván
Zuluaga, introdujo el proyecto de reforma constitucional que el año pasado
fue aprobado, sin mucha discusión pública, en primera vuelta.

Pero la pelea es de fondo. Desde el punto de vista filosófico es una
controversia entre el enfoque garantista, que enfatiza los derechos
sociales, y la visión economicista, que le da prioridad al equilibrio
fiscal para el buen desarrollo del país. No es exagerado decir que lo que
está en juego es el predominio de los criterios económicos o el de los
derechos esenciales. Aunque suene a un juego de palabras, es un dilema
entre el Estado social de derecho, consagrado por la Constituyente del 91
como base de la organización social, y un Estado que privilegia la sanidad
macroeconómica.

En el campo político, los dos bandos están claramente alineados. El
gobierno Santos heredó la iniciativa de la administración Uribe y el
ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry -quien posee credenciales
sólidas como economista ortodoxo- la asumió como causa propia. Cuenta con
el apoyo de su partido -el Conservador­-, el de La U y el de Cambio
Radical. En el otro lado están los liberales -que en todos los demás temas
de la agenda legislativa han votado a favor de los proyectos del
gobierno-, los verdes y el Polo Democrático. A estos se suman, afuera del
Capitolio, juristas y columnistas que defienden a capa y espada la Corte
Constitucional y sus fallos como pieza fundamental para la vigencia de la
Carta del 91.

La correlación de fuerzas parlamentarias favorece al proyecto. Sin
embargo, le quedan dos retenes -la Comisión Primera y la plenaria del
Senado-, y en la primera de ellas la votación, si se realizara hoy,
estaría empatada 9 a 9, después de la detención del senador de Cambio
Radical Javier Cáceres. Si no hay una modificación en la composición de
esa cédula legislativa, la suerte del acto legislativo estaría en
entredicho.

En un panorama tan complejo, la actitud del Partido Liberal será crucial.
La posición oficial, reiterada en la Cámara por su vocero Guillermo
Rivera, es de oposición. Pero esa postura ha sido más coherente en el
Senado que en la Cámara, donde algunos de sus miembros votaron a favor y
el director de la colectividad, Rafael Pardo, le permitió libertad de voto
a la bancada. Un sector del liberalismo, el más cercano al expresidente
César Gaviria, es más radical en su rechazo a la sostenibilidad fiscal,
por sus consecuencias negativas para la plena vigencia de la Constitución
del 91 y porque implica un recorte de hecho a las atribuciones de la Corte
Constitucional.

Por esa razón, y aprovechando un encuentro informal que se produjo en un
almuerzo ofrecido por el presidente Santos a la reina Sofía de España, el
exministro de Gobierno y exvicepresidente Humberto de la Calle recibió de
Santos y de Gaviria el difícil encargo de diseñar una fórmula creativa que
combine el respeto a los fallos de la Corte Constitucional, el
cumplimiento pleno de la Carta de derechos y la sostenibilidad fiscal.

De la Calle se inventó la figura de "incidente de impacto fiscal". La
norma, que se incluirá en el texto para el trámite en los dos debates que
faltan, les permitiría a los gobiernos, cuando haya una decisión de la
Corte que golpee las finanzas públicas, solicitar en un plazo de tres días
una reunión para establecer las condiciones bajo las cuales se puede
cumplir el fallo. Se tendrían en cuenta, por ejemplo, criterios como
plazos y cuotas para hacer viable la asignación de recursos.

Fuentes cercanas a la Casa de Nariño aseguran que el presidente Santos ha
sido constructivo en la búsqueda de fórmulas, especialmente en su
interlocución con el Partido Liberal. Aunque apoya la iniciativa, al
gobierno no le convendría una aprobación a la brava de una reforma
constitucional de tan profundas implicaciones, ni enviar una señal de que
está dispuesto a recortarle poderes a la Corte Constitucional.

Pero los enemigos del proyecto consideran que no hay alternativa de
conciliación posible. Además de proteger la espina dorsal de la
Constitución, cuestionan que se lleve a la Carta Política una visión que
responde a una sola opción, entre muchas, para manejar la economía: varios
países acuden, en momentos particulares, a la receta keynesiana de
aumentar gastos fiscales en forma no sostenible para contrarrestar ciclos
depresivos.

Desde ya se prevé que, si la sostenibilidad fiscal se aprueba, será
demandada y quedará en manos de su principal afectada, la Corte
Constitucional. En cualquier caso, es muy probable que el debate público
que hasta ahora no ha tenido el proyecto, se intensifique en las próximas
semanas sobre uno de los temas más cruciales para el Estado social de
derecho.

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