[reexistencia_activa] «Entre pared y pared» La realidad del desplazamiento forzado en Ituango

[accion informativa]

*«Entre pared y pared» La realidad del desplazamiento forzado en Ituango*

La realidad del desplazamiento en Colombia suele ser una historia sin 
rostro ni voz, de lugares comunes, de estadísticas, de la que ya no se 
habla en medios y se palpa en las grandes ciudades a través de quienes 
tratan de sobrevivir vendiendo día a día en el transporte público lo que 
pueden. En esas ocasiones puede que por primera vez lleguen a nuestros 
oídos noticias de lugares remotos escondidos en la geografía colombiana 
como verdaderos "Paraísos Perdidos".


Ituango es uno de esos "Paraísos Perdidos" que tanto abundan en el país. 
En el norte antioqueño, enclavado en la falda de una montaña de la 
Cordillera Occidental a casi 20 horas de camino desde Bogotá y a 195 
kilómetros de Medellín, se accede a él a través de la carretera que 
comunica Medellín con San Andrés de Cuerquia siendo ésta prácticamente 
la única vía de acceso al municipio. Antaño ruta de difícil tránsito, 
hace parte vertebral junto con el puente Pescadero --inaugurado en 
1963--- de la historia de este municipio esquivo a la mirada del 
viajero. Actualmente, un renovado interés por la mejora de las vías 
derivado de la ejecución del proyecto Pescadero-Ituango (recientemente 
Hidroituango)^^1 <#sdfootnote1sym> despierta una vez más en sus 
habitantes la esperanza del progreso.


Aquí todo es evocativo^^2 <#sdfootnote2sym> . El medio de transporte 
utilizado por sus gentes suele ser aún hoy como ayer la "chiva" o 
"escalera" y para las veredas más alejadas del casco urbano la "mula", a 
lomo de la cual se empecina el campesinado en transitar estos caminos 
que históricamente han sido escenario de conquistas, colonizaciones y 
consolidaciones territoriales innúmeras. Su decidido empeño por habitar 
esta tierra que los vio nacer es la razón de ser de estas líneas que 
intentan dar voz y rostro a la realidad del desplazamiento forzado que 
en Ituango tiene como antecedente mediato las masacres paramilitares de 
El Aro y la Granja en los años 1996 y 1997.


Sobre la historia de este municipio gravita desde siempre la rapacidad y 
el apetito voraz de grandes poderes económicos. Apetito ansioso, 
violento, que quizá sea provocado por el hecho que en estas tierras 
además de la gran productividad de sus suelos (pequeños cultivos de 
maíz, caña de azúcar, café, frijol, plátano, aguacate, naranja, 
granadilla y cacao fecundan el paisaje y son parte fundamental de la 
economía campesina), se descubre actualmente un importante potencial 
hídrico y por qué no decirlo minero (en el lecho del río Cauca, muchas 
familias sobre todo de San Andrés de Cuerquia y del corregimiento El 
Valle en el municipio de Toledo encuentran en la explotación artesanal 
del oro un medio de vida) y desde siempre se ha reconocido en Ituango 
--municipio verde--- una gran reserva natural en la que encontramos el 
Parque Natural Paramillo como epicentro. Goza toda esta tierra de una 
gran diversidad en flora y fauna y si ello fuera poco y hasta lo que 
conocemos de yacimientos de platino.


La gran riqueza natural convive en Ituango con una pobreza también 
evidente que se ha venido incrementando en los últimos tiempos por la 
disputa territorial que en la zona mantienen múltiples actores ---entre 
los que se cuenta el propio Estado--- dada la importancia minera y 
energética de la misma. Este atractivo se suma como factor explicativo a 
las tradicionales causas del desplazamiento en el país. Si bien la 
violencia paramilitar como fórmula de lucha contrainsurgente fue un 
hecho sin precedentes en el municipio, los desplazamientos forzados se 
remontan a la época de la "violencia partidista" y al posterior accionar 
de la guerrilla en la zona.

A partir de estos elementos, este artículo ofrece una mirada panorámica 
del desplazamiento forzado en el norte antioqueño donde la estrategia 
militar-paramilitar juega hoy por hoy un importante papel a la hora de 
explicar las dinámicas de despojo y expoliación de la población campesina.


*«La situación que aquí vivimos la ha ocasionado el propio Estado»*

Escuchada por primera vez en boca de viejos habitantes de Ituango la 
frase quizá cause reparos, repetida con insistencia por parte de la 
comunidad merece la debida atención y es que para la población que antes 
habitaba la zona del actual Parque Nacional Natural Paramillo y aquellas 
otras que se asientan en límites con el departamento de Córdoba^^3 
<#sdfootnote3sym> la cosa está bien clara: la mayoría de las veces el 
desplazamiento forzado no obedece tan claramente a que la población 
civil quede atrapada en el fuego cruzado de los actores armados sino, 
como esa misma gente relata, al hecho de que muchas de las veredas 
terminan finalmente por desplazarse a la cabecera municipal en busca de 
alimento al ser sometidas a un bloqueo económico y alimentario.


A esta modalidad de desplazamiento debe añadirse una práctica 
generalizada que coincide con las épocas de cosecha. Una vez los 
cultivos están listos para su recolección se adelantan operativos 
militares que provocan el desplazamiento. Al regresar ya no hay animales 
ni cosecha fortaleciéndose la opinión entre la gente, y así es 
expresado, de que «entre más se trabaja, más se pierde»^^4 
<#sdfootnote4sym> .


El primer caso quizá encuentra una razón de ser en la denominada 
Estrategia de Consolidación Territorial delineada por el Gobierno 
nacional en cuya táctica de "quitarle el agua al pez" se parte del 
supuesto que hay una relación estrecha, incluso orgánica, entre la 
población civil y las fuerzas guerrilleras. Ello trae como corolario el 
estrangulamiento económico de la población y en últimas la crisis 
alimentaria de las comunidades por cuya razón deben desplazarse. Tales 
prácticas por parte de la Fuerza Pública se acompañan de todo tipo de 
vulneraciones de los derechos fundamentales de estas personas que rozan 
ya los límites tolerables. Estas personas se sienten literalmente 
cansadas del miedo que constantemente les acosa. En el mismo sentido, 
los habitantes de las veredas de Ituango afirman que deben obedecer a 
todos los actores armados que hacen presencia en la zona y que ocupan 
escuelas y moradas por días o semanas. «Recibimos una llamada o un papel 
de las FARC que nos da órdenes como por ejemplo que si el Ejército se 
queda dos días en nuestra casa, tenemos que salir».


Esta política de Consolidación Territorial tiene en la presencia 
guerrillera la mejor de las ocasiones, pues a la sombra de la pretendida 
lucha contrainsurgente el Estado viene despojando a la población de sus 
tierras y medios de subsistencia a favor de intereses muy concretos. Los 
dos casos paradigmáticos por la naturaleza y envergadura de los mismos 
son los proyectos Hidroituango y Urra II^^5 <#sdfootnote5sym> . Si 
miramos por dónde empezó la entrada paramilitar en 1997 en la zona 
veremos que fue alrededor del Parque Natural y a través de la cuenca del 
río Cauca, objetivos de la actual expansión capitalista.


El proyecto Hidroituango ha sido catalogado como la segunda represa más 
grande de Suramérica y se calcula que su costo de generación de energía 
será uno de los más baratos de la región posibilitando su exportación ya 
que además se superaría en mucho el consumo actual de electricidad. 
Junto con la ejecución de Urra II se entiende que la zona sea de mayor 
importancia geoestratégica y que quizá lo que menos interese al Estado 
colombiano es que la gente habite en sus lugares de asentamiento 
tradicional. De allí la atinada observación de un representante 
comunitario al relacionar directamente el origen de la situación de la 
comunidad con la responsabilidad estatal.


El desplazamiento forzado en Ituango debe entenderse a partir de estas 
coordenadas geoestratégicas y en esa medida como efecto colateral dentro 
de un cálculo racional que impone un férreo control social a partir de 
dos estrategias. La primera tiene en el miedo un elemento de control /in 
situ/ y en ello juega un papel importante el recuerdo de las masacres de 
El Aro y la Granja^^6 <#sdfootnote6sym> y las amenazas de la propia 
Fuerza Pública cuando dice a la gente que «detrás de ellos vienen los 
otros, los que traen el gatillo por delante». La segunda estrategia está 
dada por la declaración del municipio como "zona de riesgo extremo", 
medida tomada por el Gobierno en respuesta a los múltiples 
desplazamientos forzosos que hacia afuera ha ocasionado el aislamiento 
de la zona^^7 <#sdfootnote7sym> pues refuerza la idea de que el 
municipio es área de influencia guerrillera lo que conlleva el 
fortalecimiento del contingente militar y policial presente en la región.


*Dos estrategias y un solo fin*

La declaración del Parque Paramillo en 1977 como Área de Protección y 
Reserva puede entenderse a la luz de estas lógicas de apropiación como 
una estrategia jurídica que en combinación con la militar-paramilitar 
promete el desalojo de una población que ya es vulnerable. Y es 
vulnerable porque además de todos los factores que convergen en Ituango, 
se suma el problema de la propiedad de la tierra: los pequeños 
propietarios están dispersos y sin documentos con lo que se hace muy 
problemático demostrar su titularidad, no hay claridad en la política de 
reubicación y tampoco se ha diseñado una de retorno porque claramente no 
existen las condiciones para ello.


Sobre la estrategia militar-paramilitar no sobra insistir. Son 
constantes las agresiones de las que son objeto los pobladores de la 
región: hostigamientos, señalamientos, detenciones arbitrarias, 
ocupación de escuelas y moradas. Sumado a ello, el miedo de transitar 
por los caminos debido a la existencia de campos minados de los cuales 
además son responsabilizados por la Fuerza Pública: «Cuando llegamos en 
la noche de trabajar nos dicen que vamos a colocar minas y cuando 
salimos en la mañana nos dicen que venimos de retirarlas». En muchas 
ocasiones son fichados una vez llegan al pueblo, retenidos en el puesto 
de policía y fotografiados. «Cuando somos objeto de golpes y retenciones 
se nos hace firmar un acta en la que declaramos que fuimos bien 
tratados. Sin embargo muchas personas firman por miedo y sin saber 
realmente qué es lo que firman pues algunas no saben leer ni escribir», 
relataba un presidente de Junta de Acción Comunal.


Las denuncias que se hacen ante Personería no pasan de ser eso, 
denuncias frente a las cuales hasta el alcalde de Ituango, Carlos Gallo, 
parece declararse inhibido pues afirma que el problema con las 
comunidades que habitan en los límites con el departamento de Córdoba 
obedece a un asunto de jurisdicción pues la brigada militar que opera en 
la zona y de la cual se han recibido denuncias está actuando en 
propiedad fuera de su radio de acción^^8 <#sdfootnote8sym> .


*Reviviendo el drama de 1997*

Según el campesinado de la zona, los últimos hechos ocurrieron a finales 
de abril de 2010 cuando grupos paramilitares asesinaron a dos personas 
que se dedicaban a transportar personas, alimentos y mercancías a través 
del Río San Jorge en el lugar denominado El Puerto (corregimiento de 
Juan José, cerca de Córdoba). Asimismo, denuncian que en los primeros 
días del mes de junio algunos campesinos de la comunidad de San Juan 
Badillo recibieron amenazas verbales de miembros de la Brigada XVIII 
debido a que éstos decían que se negaban a dar información sobre nombres 
y ubicación de miembros de las FARC. La amenaza fue directa: «Cuando 
ellos [los soldados] subieran con los paramilitares a estas comunidades 
entonces sí iban a hablar».


La preocupación fundamental de la gente del lugar es que estas 
comunidades ---en las que habitan entre 3.000 y 5.000 personas--- 
revivan la tragedia que ya sufrieron en 1997 cuando las tropas 
paramilitares guiadas por Carlos Castaño llegaron a "vaciar", según 
ellos, el Parque Paramillo de colonos y residentes. Las incursiones 
paramilitares en 1998 y 2000 tenían objetivos claros: asegurarse que las 
familias campesinas no hubieran retornado y si lo habían hecho, las 
obligaron a desplazarse de nuevo además de quemar viviendas y escuelas y 
echar a perder cosechas y matar animales. Ese miedo atraviesa la 
cotidianidad de las comunidades y debería de alertar a las instituciones 
públicas para que no se repita la historia.


*«Estamos entre pared y pared». Efectos de la política de despojo*

Una presidenta de Junta de Acción Comunal afirma que «estamos entre 
pared y pared» y es que entre la "pared económica" y la "pared militar" 
las personas desplazadas en Ituango son ya más de la mitad de la 
población^^9 <#sdfootnote9sym> . Se trata de familias extendidas donde 
el promedio de hijos puede ser de 4 o 5 en un contexto económico donde 
los pobladores al ser despojados de sus medios de producción son 
arrojados a un mercado laboral rural donde el jornal se fija en un 
máximo de $12.000 pesos diarios. El contraste con los precios de los 
productos básicos de la canasta familiar implica que las unidades 
familiares no puedan suplir sus mínimos vitales incrementando con ello 
sus ya dramáticos niveles de fragilidad.


Esa precarización laboral se ve fortalecida por el hecho que las 
hectáreas de cultivo se han visto reducidas a propósito del conflicto 
con lo que el ejército de reserva de mano de obra crece sin cesar. El 
desplazamiento en Ituango observa además las siguientes características: 
es interveredal, en muchos casos reiterativo^^10 <#sdfootnote10sym> y en 
términos generales observa un patrón de 
desplazamiento-regreso-desplazamiento por lo que nos estamos refiriendo 
en propiedad a población económicamente flotante y por tanto 
tendencialmente más pobre.


Frente a este cúmulo de hechos es claro que los recursos que aquí 
existen para población desplazada son del todo insuficientes y producen 
competencia^^11 <#sdfootnote11sym> entre la propia población y están 
previstos para atender las consecuencias del desplazamiento bajo una 
lógica asistencialista porque a la luz de lo anteriormente expuesto y 
como ya se ha afirmado está lejos de la voluntad del Gobierno el diseño 
y ejecución de una política de retorno con garantías o que incida en el 
origen del desplazamiento y el conflicto. A futuro puede vaticinarse una 
fuerte tensión entre la población campesina por la propiedad de la 
tierra, un conflicto que habrá también que endilgárselo al Estado 
colombiano y que obedece como también se ha señalado a las coordenadas 
geoestratégicas en las que esta zona se encuentra.


Colombia comparte una realidad con zonas del mundo ricas en recursos 
naturales y es que la existencia de tal riqueza es una verdadera 
tragedia para las poblaciones en un contexto en el cual el Estado y las 
grandes corporaciones económicas son los mayores usurpadores. Sin 
embargo y a pesar del viento en contra, la población desplazada levanta 
sus propias casas y cultiva sus tierras una y otra vez y resiste la 
embestida armada sin darse cuenta la mayoría de veces de su propia 
fortaleza.


1 <#sdfootnote1anc> Este proyecto hidroeléctrico ideado en la década de 
los 70 pretende ser la segunda represa más importante de Suramérica y la 
más importante de Colombia.

2 <#sdfootnote2anc>No bien se desciende del bus, nuestras miradas se 
cruzan con indígenas de la etnia Embera-Katío que habitan el resguardo 
indígena Jaidukama, se divisa una iglesia cuya arquitectura acusa la 
influencia colonial española, se encuentran juegos populares 
tradicionales, se percibe el aroma de una tierra cálida, de cañaduzales, 
cafetales y cacao y, en fin, se encuentran huellas de uno de los 
símbolos más queridos para los paisas, las recuas de mulas, que si no 
aparece referido en los símbolos patrios es quizá porque en este país la 
historia de los de abajo es siempre silenciada, invisibilizada.

3 <#sdfootnote3anc>En este artículo se parte de la idea que es necesario 
caracterizar el desplazamiento en Ituango incluso por veredas o en todo 
caso por áreas, pues las dinámicas que se presentan no son las mismas 
para todas las veredas. Por ejemplo en aquellas zonas como Santa Rita 
donde el cultivo de la coca es base fundamental de su economía la 
problemática es distinta aunque afecta el comportamiento económico de la 
región entera, entre otras cosas porque al relacionar el precio de este 
producto con el de cultivos tradicionales es claro que la ganancia es 
mayor con el primero. Los límites de una política de sustitución de 
cultivos son claros en el terreno.

4 <#sdfootnote4anc> Todas las citas son tomadas de conversaciones con 
habitantes de Ituango que, por su propia seguridad, se mantienen en el 
anonimato.

5 <#sdfootnote5anc> La ejecución de Urra II provocaría la inundación de 
un área de 7.000 km2 dentro del Parque Nacional Natural Paramillo en 
parte de la cual encontramos tres resguardos indígenas de la etnia 
Emberá-Katio.

6 <#sdfootnote6anc>El Estado colombiano fue condenado el 1 de julio de 
2006 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a responder por 
esas masacres atribuidas a las AUC.

7 <#sdfootnote7anc> Aunque esta afirmación es apenas una hipótesis, 
creemos que es perfectamente posible que de ella se derive una 
"inhibitoria de tránsito" para gente ajena a la región. Es evidente por 
la reacción de sus pobladores y por lo que se puede observar que el 
municipio no suele ser un sitio de destino para foráneos lo que 
profundiza mucho más el aislamiento comunicacional de la gente que así 
se ve imposibilitada de expresar sus realidades, miedos e 
incertidumbres. La sensación al final de la visita es que la gente 
quiere ser escuchada e informada pues hay una "zona de aislamiento 
informacional". Parte de esta misma realidad es que los funcionarios de 
Gobierno, así como aquellos otros de organismos multilaterales, cuando 
visitan las veredas no suelen pasar de un punto de congregación que 
suele ser la escuela, con lo que no se enteran de las condiciones de 
vida de la gente y no pueden medir el alcance, éxito y limitaciones de 
los proyectos diseñados para la comunidad (no con ella), lo cual redunda 
en fracturas comunicacionales de un lado y otro de las acciones públicas.

8 <#sdfootnote8anc> En los Consejos Locales que se convocan cada vez que 
se produce un desplazamiento se han acordado con las autoridades civiles 
y militares unos mínimos de comportamiento por parte de las Fuerzas 
Armadas tales como no ocupar los hogares de la población porque ello 
pone a la gente claramente en riesgo. Sin embargo gente desplazada 
afirma que en un 80% tales acuerdos se desconocen.

9 <#sdfootnote9anc> 16.173 personas en Ituango son desplazadas según 
datos de la Corte Constitucional de mayo de 2010 frente a una población 
aproximada de 25.000 personas.

10 <#sdfootnote10anc> Esta es una dinámica observada sobre todo en la 
población desplazada del Parque Natural Paramillo. Hay quien carga a sus 
espaldas hasta siete desplazamientos y el hecho de no haber sido hasta 
ahora auxiliados por el Estado sin criterios claros, hace que Acción 
Social niegue su inclusión en el Registro Único de Población Desplazada.

11 <#sdfootnote11anc> Ello es así porque ahora los recursos públicos se 
dirigen prioritariamente a población desplazada, desatendiendo la 
necesidad de otros sectores que en las mismas condiciones de 
vulnerabilidad no han sufrido hasta ahora el desplazamiento.



*Quizá también le pueda interesar:*


    Informe especial-Los retornos de la población desplazada en
    Antioquia: una reparación a medias
    <http://www.acantioquia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=205:informe-especial-los-retornos-de-la-poblacion-desplazada-en-antioquia-una-reparacion-a-medias&catid=58:articulos&Itemid=477>

http://www.acantioquia.org

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